La comunidad universitaria se suma a la indignación y el rechazo ante el trato del gobierno estatal a los familiares de personas desaparecidas
El Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se suma a la indignación, azoro y rechazo por lo sucedido en el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco el pasado martes 4 de enero.
Lo anterior en un desplegado que se publica en medios de comunicación y en el que destaca lo siguiente: Como se ha hecho público, ese día, familiares e integrantes de un colectivo decidieron ingresar a las instalaciones del instituto para exigir la entrega, convenida previamente, de dos cuerpos de personas que, en su momento, fueron denunciadas como desaparecidas.
Este ingreso se dio después de una larga espera y ante la falta de cumplimiento de las autoridades, lo que motivó una rápida movilización de numerosos elementos de la policía estatal y municipal, totalmente innecesaria y que sólo causó temor, confusión y agravio a quienes, de manera legítima y pacífica, demandaban que se cumpliera lo acordado.
Lo ocurrido es un fiel retrato de lo que está sucediendo hoy en Jalisco y que la ha situado como la entidad con más casos de desaparición de personas en todo el país, con 15 mil 234 registros a la fecha.
El colectivo destaca que este gobierno no está evitando que sigan desapareciendo personas, no destina recursos suficientes en su búsqueda para localizarlos con vida, deja que la crisis forense se siga agravando y mantiene un ánimo represor frente a las exigencias ciudadanas, como se puso de manifiesto ese día y en el caso, aún no ha aclarado, de las protestas del 5 de junio de 2020, donde elementos de la fiscalía golpearon a manifestantes y cometieron actos de desaparición forzada.
La situación es crítica y se debe actuar de inmediato. Jalisco no puede seguir siendo zona de exterminio, desaparición de personas y fosas clandestinas.
El colectivo hace un llamado a que se declare un estado de emergencia en toda la entidad, a que los distintos poderes y niveles de gobierno reconozcan como máxima prioridad enfrentar los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo aquí y movilicen recursos extraordinarios para lograrlo.
En el desplegado puntualiza: Toda la solidaridad y reconocimiento para los familiares, colectivos y activistas que vienen haciendo por su cuenta lo que el estado está obligado a hacer y no hace. Su lucha es la de toda la sociedad porque cada persona desaparecida, en realidad, nos falta a todos.