En la CIHALC 2022, especialista planteó que se debe tener primero un análisis de datos para contar con una estrategia en favor de la población
La tecnología en las administraciones públicas debe contribuir en la mejora de la seguridad pública y no como factor de segregación social, aseguró el consultor en Proyectos de Seguridad Pública, Sergio A. Morales García, en el marco de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 (CIHALC), en las instalaciones del Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE), una de las sedes de esta cumbre que durante tres días (22, 23 y 24), se impartirán más de 350 ponencias y se contempla la asistencia de mil 917 personas, de los cuales 760 será de manera virtual y mil 157 presencial.
Morales García detalló que los gobiernos de todos los niveles, municipal, estatal y federal, deberían tomar la información oficial e integrar elementos tecnológicos en todos los rubros de la administración pública como en la seguridad, atención ciudadana, salud, servicios públicos, entre otros.
El experto explicó que en México hay entidades públicas que generan información estadística demográfica, geográfica, de pobreza y marginación, fundamental en la estrategia de seguridad pública.
Para los conteos, censos y encuestas se cuenta con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual emite los ponderados o índices de la pobreza en México, y con el Consejo Nacional de Población (Conapo), para los índices de marginación en el país.
En el rubro de la seguridad, acotó, los gobiernos se enfocan en la compra e instalación de dispositivos de videovigilancia como una estrategia contra el crimen, sin un análisis de datos previos.
"Estos datos nos permiten ver de qué manera aplicamos la tecnología a favor de la ciudadanía, pero con un estudio previo acorde a la estrategia", precisó.
Los datos demográficos, de marginación y pobreza fundamentan el propósito de la estrategia de la seguridad ciudadana para que las personas puedan llevar adelante su proyecto de vida.
“Las autoridades nos deben garantizar la seguridad día con día al salir a las calles, y hacerlo de manera segura sin ser sujetos de la violencia”.
La falta de servicios básicos genera una brecha social: colonias sin alumbrado público, el acceso a la vivienda, de transporte público; y el crecimiento de la ciudad, demanda más servicios, lo que aumenta el grado de segregación.
Por ejemplo, en las áreas urbanas, 68 % de las manzanas no cuentan con alumbrado público, mientras que sólo 14 % lo tienen, por lo que se expone a la población a delitos de toda clase y sobre todo durante la noche.
De acuerdo con el experto Morales García, otros factores como la marginación de la vivienda y la pobreza en las áreas urbanas más vulnerables, podrían detonar en conductas delictivas, incluso la incursión en la delincuencia organizada para satisfacer necesidades básicas.
Para Morales García, la estrategia de seguridad local, estatal y federal puede trabajarse en colaboración con otros países, organizaciones internacionales, asociaciones civiles, instituciones privadas, y demás alternativas.
Dichos organismos se encargan en la ejecución de proyectos alineados a las metas de La Nueva Agenda Urbana y del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, cuya meta es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.